A escasos días de comenzar este 2013, es difícil que no nos venga a la memoria las grandes dificultades que la sociedad española ha atravesado y atraviesa, marcadas principalmente, por la economía y una angustiosa crisis que parece no tener fin. A lo largo del año, palabras como paro, recortes, rescate, tasazos, copago, privatizaciones nos han acompañado y han afectado de forma palpable al poder adquisitivo y al bienestar de la ciudadanía.
Sin duda, otro de los grandes problemas que ha acusado al país y que más impacto social ha tenido por la magnitud del mismo, ha sido el drama de los desahucios. La complicada coyuntura económica se traduce en una elevada tasa de desempleo que ha provocado que muchas familias no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas. Ante esto, los procedimientos de desalojo de viviendas han ido en aumento desde el inicio de la crisis, y son muchas las familias que no puede hacer frente a una necesidad tan básica como la vivienda. Este año las ejecuciones hipotecarias han crecido un 134%, y en los últimos cuatro años hemos alcanzado la cifra de las 400.000, con los correspondientes dramas que ello supone, llegando a límites intolerables que una sociedad como la nuestra no puede permitir, por lo que es evidente que no es el momento de parches ni de soluciones cortoplacistas, sino de dar una contundente respuesta legislativa que ponga fin a esta sangría y que cumpla con el mandato constitucional recogido en el artículo 47, donde se insta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes que garanticen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Son varios los motivos que nos han llevado a la situación límite en la que nos encontramos; la burbuja inmobiliaria con un mercado hinchado y sobrevalorado, una respuesta política tardía, la mala praxis de muchas entidades financieras, o como ha indicado el propio Consejo General del Poder Judicial, un sistema de cobro de créditos hipotecarios de 1909 que pone en un situación de privilegio a la banca y le permite cobrar sus deudas con un proceso extremadamente agresivo y rápido. Postura mantenida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde la abogada general ha afirmado que la ley española vulnera la Directiva 13/93, al permitir la introducción de cláusulas abusivas por parte de los bancos en los contratos de préstamos hipotecarios y que en caso de incumplimiento, acaban con la ejecución forzosa del desalojo.
Frente a la delicada y compleja situación parece difícil entender que el Código de Buenas Prácticas o el Real Decreto-ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, aunque hayan supuesto avances, sean suficientes para poner fin al drama de muchos hogares, ya que la mayoría de las familias afectadas quedan excluidas y sólo han podido beneficiarse de la paralización del procedimiento un número escaso teniendo en cuenta la multitud de casos existentes.
Por eso es necesaria una reforma que facilite el pago de las deudas y evite la pérdida de la vivienda habitual. Ello pasa en gran medida por la regulación del régimen de ejecución hipotecaria, como ha propuesto esta semana el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso con la Proposición de Ley contra los desahucios, que ponga freno a las prácticas abusivas. Es imprescindible poner en marcha un sistema de tasación que asegure la independencia de las tasadoras frente a las entidades crediticias e impedir que el valor de tasación del bien a efectos de ejecución sea diferente al utilizado para la concesión del préstamo que permite a los bancos adjudicarse las viviendas de los desahuciados a precio de saldo. También, la paralización de los intereses de demora durante los procedimientos de ejecución y de renegociación de la deuda, estableciendo límites a los mismos, y un mayor control en los procedimientos de subasta, así como, insistir en la prevención del sobreendeudamiento futuro. Otras medidas serían, permitir la dación en pago con alquiler social en los casos que no se pueda garantizar la permanencia en la vivienda, o la creación de un procedimiento extrajudicial con intermediación y garantías que permita la renegociación y liberación de la deuda, existente en muchos países de nuestro entorno.
Sin olvidar, la importancia de la creación de un Parque Público de Viviendas de Alquiler Social, con las viviendas procedentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del SAREB (banco malo) y las gestionadas por las administraciones públicas del Estado.
En definitiva, como se apunta desde distintos ámbitos de la sociedad, es el momento de cambios estructurales, que consigan paliar las sangrantes situaciones existentes y constituyan una solución de futuro, que nos permita, esta vez sí, dar respuestas a tiempo.
Maria Vallina Suarez
Secretaria de Políticas Emancipatorias
