En los últimos meses el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha estado llevando a cabo una serie de reformas legislativas en pilares básicos del estado de bienestar con el pretexto de la crisis económica. La realidad es muy diferente, pues en determinadas medidas, como la reforma de la Ley del Aborto este argumento se diluye de forma clara. Lo cierto es que están aprovechando su mayoría absoluta en las Cortes para fijar su ideología en las más elementales instituciones, sin importarles lo que piense la opinión pública o la oposición. Todo ello alejándose de los problemas reales de la gente, o problemáticas de urgente resolución como los desahucios. Esta batería de iniciativas legislativas tienen un alcance social, a veces desconocido por la ciudadanía y que conviene dilucidar.
El caso más sangrante en las últimas semanas ha sido la Justicia. El Ministro Alberto Ruiz Gallardón se ha erigido en adalid de los posicionamientos más conservadores del Partido Popular, no sé si intentando demostrarle a alguien que puede ser tan “de derechas” como el que más. Empezó con la reforma de la Ley del Aborto con la que pretende retroceder 35 años en materia legislativa, yendo en dirección contraria al resto de países del marco comunitario. Con este nuevo marco normativo volvemos a un tiempo en el que las mujeres que tenían una buena posición económica viajaban a otros países para interrumpir su embarazo en clínicas privadas, mientras que las que no tenían la fortuna de poder pagárselo tenían que recurrir a otras vías clandestinas, en condiciones insalubres y con un grave riesgo para la vida de la gestadora.
Más adelante el Ministro ha aprovechado para realizar otros cambios legislativos de hondo calado, todos ellos sin contar con el consenso del resto de formaciones políticas del Parlamento y despreciando los criterios técnicos de las los colectivos directamente afectados. El primer caso es la reforma del CGPJ en la que se vulnera de forma manifiesta la independencia del Poder Judicial. Otra de las perlas del Sr. Gallardón es la intención que tiene de privatizar la gestión de los Registros Civiles, Mercantiles y de la Propiedad. Con ello, se pretende que sean los Registradores de la Propiedad los que se encarguen de la llevanza de estos registros y pasarán a cobrar tasas por servicios que antes prestaba el Juez del RC de forma gratuita, tales como peticiones de información de inscripciones de nacimiento, defunción, matrimonio o nacionalidad; y serán obligatorias inscripciones que antes no lo eran como la inscripción de poderes, domicilio, seguros de vida, accidentes y testamentos. Esta transformación también traería consigo suprimir el Registro Civil Central, sin especificar que va a ocurrir con los funcionarios que allí trabajan. El Ministerio asegura que esta revisión se hace para aligerar el tráfico jurídico, pero cualquiera podría pensar que el trasfondo real de dicha revisión es ayudar al colectivo de registradores de la propiedad (colegas de profesión de Mariano Rajoy), los cuales, han visto disminuidos sus ingresos considerablemente a causa de la crisis.
Otro de los despropósitos del titular de Justicia es la reforma que pretende hacer de nuestro Código Penal. Hay un endurecimiento de las penas innecesario, pues tenemos uno de los CP más duros de la UE, y que únicamente responde a casos puntuales con impacto en la opinión pública. Un ejemplo es la inclusión en nuestro Ordenamiento Jurídico de la prisión permanente revisable, que no es más que una modalidad de cadena perpetua y en definitiva, una pena privativa de prisión con difícil encaje constitucional se mire por donde se mire. Pero aquí no acaba la voluntad de desmantelar el servicio público del anterior alcalde de Madrid. “De golpe y porrazo” y en medio de una crisis económica que está castigando con dureza a las clases medias ha entrado en vigor una ley de tasas con la que ha conseguido poner en su contra a las asociaciones profesionales de fiscales, jueces y abogados. Una ley que se extiende a toda la población y vulnera sus derechos fundamentales, ya que es contraria al principio de igualdad y al derecho a la tutela judicial efectiva. Esto implicará que los ciudadanos que sobrepasen unos ingresos mínimos (cantidad aún no especificada) deberán pagar una cuantía económica, en numerosos casos excesiva, en el orden civil, de lo contencioso-administrativo y social, para tener derecho a la segunda instancia, de tal manera que si no se reúne dicha cantidad económica antes del proceso y se hace efectivo su pago, se gane o se pierda, dicho proceso se interrumpiría. Para hacernos una idea, un divorcio costaría 300 euros más el porcentaje sobre los bienes, 200 euros por multas de tráfico de 100 euros y un recurso por despido 500 euros.
En conclusión, si lo que pretende el Gobierno es aligerar el tráfico jurídico a costa de la vulneración de los derechos de los/as españoles/as está muy equivocado. No queremos volver a épocas en las que sólo tenían justicia los que podían pagársela. La solución no viene por deteriorar los elementos que garantizan la igualdad y el pleno acceso a la justicia de la ciudadanía, sino por invertir en la modernización de un sistema de justicia que trabaja con métodos decimonónicos y que lleva pidiendo un sistema informático único para toda la justicia y mayores recursos humanos desde tiempos inmemoriales.
Alberto Silva Fernández
Secretario de P. Institucional